LA BOMBA QUE HIZO
EXPLOTAR TÍA MARÍA
La historia no contada de la pieza fundamental del conflicto minero que
puso en jaque al gobierno: el Estudio de Impacto Ambiental
Foto: Miguel Mejía
Castro - Diario La República
Desde hace más de dos meses, el proyecto minero Tía María, a cargo de la mexicana Southern Copper que espera invertir mil 400 millones de dólares en la extracción de cobre en la provincia arequipeña de Islay, ha desatado un conflicto con tres muertos y decenas de heridos. A mil kilómetros de la zona en conflicto, descansan en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas el documento de 10 mil páginas que genera dudas entre los opositores del proyecto: El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. Convoca revisó el expediente de 35 tomos de aprobación del estudio con la ayuda de ingenieros ambientales y confrontó los hallazgos con la consultora Geoservice Ingeniería que fue contratada por Southern para elaborarlo. Como resultado se encontraron graves inconsistencias en el manejo de las aguas y el monitoreo de los impactos, y una historia desconocida entre el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y Geoservice.
Por Aramís Castro y Milagros Salazar *
La tarde del viernes 15 de mayo, el conflicto Tía
María movilizó en cuestión de horas a las autoridades máximas que debían
pronunciarse en este escenario de crisis: el presidente Ollanta Humala que dio
un mensaje a la Nación de doce minutos desde Palacio de Gobierno y el
presidente de la corporación mexicana Southern Copper, Óscar González Rocha,
quien anunció desde Estados Unidos una
“pausa” de 60 días para “despejar todas las dudas
existentes” sobre este conflicto que en los últimos dos meses registró tres
muertos y decenas de heridos.
Pero ninguno dio nuevas luces sobre el tema más
controversial y postergado del conflicto: el estudio de impacto ambiental
que fue aprobado en agosto de 2014 por el Ministerio de Energía y Minas
(Minem), y que de su sólida elaboración depende evitar el potencial daño al
medio ambiente y proteger la vida de los pobladores de Islay, en la
convulsionada Arequipa. Humala insistió en que el proyecto de Southern
“cumple con todos los requisitos de ley”, y minutos más tarde, en el
pleno del Congreso de la República, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar –
Vidal, aseguró que la empresa levantó las 138
observaciones de la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) al primer estudio del proyecto, a
pedido del Minem.
Con la ayuda de ingenieros ambientales, Convoca contrastó esta versión oficial con puntos cruciales del expediente de 35 tomos del proceso de evaluación del nuevo EIA, y encontró detalles hasta ahora no revelados de Tía María, que son puestos sobre la mesa como un primer aporte para el debate en estos 60 días de “pausa” del proyecto.
Los nombres de estos especialistas, con
gran experiencia en la revisión de estudios ambientales, no son consignados en
este reportaje debido a que trabajaron en importantes consultoras que aún
brindan servicios a la gran minería y en organismos reguladores del sector. Sus
hallazgos fueron confrontados con la versión del ingeniero César Rodríguez,
jefe del equipo de Geoservice Ingeniería que elaboró el EIA de Tía María para
Southern. Revisemos.
Ubicaciones clave en el proyecto Tía María de Southern Copper. Elaboración: Convoca/ La República
Puntos controversiales
Desde que el 5 de noviembre de 2013, Southern Perú
presentó el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado por la
consultora Geoservice Ingeniería S.A.C., los representantes de la empresa
se han reunido más de treinta veces con los funcionarios del Minem en momentos
claves del proceso de aprobación del estudio.
Uno de los encuentros más importantes fue el del 3
de febrero de 2014. Ese día, el presidente de Southern, Óscar González Rocha,
acudió al despacho del entonces ministro Jorge Merino acompañado de Hans Flury,
secretario general de Southern y ex ministro del sector. A la semana siguiente,
la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Minem envió a la empresa
las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental.
Hecho
con
La evaluación del nuevo EIA tomó nueve
meses, un año menos que el anterior estudio. Si algo quedó claro fue el interés
en la aprobación rápida del EIA a pesar del rechazo al proyecto de un bloque
importante de la población en Arequipa. Precisamente, los puntos más
controversiales del expediente evidencian que los evaluadores del Minem pasaron
por alto puntos centrales que ameritaban un análisis detallado y no contra el
reloj, para evitar un mal manejo de las aguas y garantizar un monitoreo eficaz
de los impactos, de acuerdo con los ingenieros ambientales consultados
por Convoca.
Southern presentó el nuevo EIA
incluyendo apenas diez carillas para explicar cómo se construiría la planta
desalinizadora para tratar el agua de mar y no captar agua del río Tambo, del
que dependen los pobladores de la zona. Los ingenieros entrevistados señalaron que
una planta de esta dimensión, que además es el tema más sensible del conflicto,
requiere que la empresa presente como parte de los anexos del EIA, un Estudio
de Factibilidad que especifique cómo se procesará el agua de mar. Este
documento es clave para que los evaluadores del ministerio determinen que la
planta tendrá la capacidad para procesar el mineral que se explotará sin que
luego la minera use al agua del río.
Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper. Foto: América Economía
Los técnicos de la Dirección Ambiental
de Asuntos Ambientales Mineros que evaluaron el EIA confirmaron a Convoca que
la empresa no presentó el Estudio de Factibilidad. El ingeniero Rodríguez de
Geoservice, quien estuvo a cargo de la Dirección General de Minería del
ministerio hasta agosto de 2006, aseguró que la empresa contrató a otra empresa
para hacer este tipo de “estudios de ingeniería” y que no era necesario
presentarlo. “¿Cómo pueden constatar los evaluadores, que lo que dice la
empresa sobre el manejo del agua de la planta es verdad, si es que no presenta
un estudio detallado?”, cuestionaron los ingenieros consultados.
En el informe Nº 155, con fecha 7 de febrero de 2014, la
Dirección de Asuntos Ambientales Mineros plantea 73 observaciones al nuevo EIA
de Tía María en el que solicita a la empresa “aclarar en qué etapa se
construirá la planta” pero no exige la presentación del Estudio de Factibilidad
a pesar que uno de los motivos principales por los que se declaró “inadmisible”
el primer EIA del proyecto es porque “no se elaboró sobre la base de un
proyecto a nivel de factibilidad”, sino que solo tenía información descriptiva.
El nuevo estudio de impacto ambiental
también indica que Southern incrementará la explotación de cobre en 12 millones
de toneladas métricas: de 638, 082 millones de toneladas que aparecía en el
primer EIA a 650,760 millones. Como resultado, también habrá 165 millones
de toneladas adicionales de desechos contaminantes.
Fuente: Estudios de impacto ambiental del proyecto Tía María
Otro punto vinculado a la población es
el de las estaciones de monitoreo, que servirán para determinar si el polvo
mineral generado por la explotación de los tajos, afectarán a los cultivos y a
la población. El estudio señala que una de las estaciones de control estará
ubicada a 5.5 kilómetros del tajo más importante del proyecto, La Tapada, lo
que equivale a una distancia similar entre la Plaza de Armas de Lima y el distrito
de Pueblo Libre, en línea recta. Esto no permitirá medir con precisión si hay o
no contaminación y tampoco fiscalizar los parámetros exigidos por ley.
Rodríguez admitió en parte este punto,
y aseguró que el Minem le solicitó que instalara adicionalmente dos estaciones
cercanas a los tajos. Convoca revisó el informe de las
observaciones y no encontró esta recomendación.
El pedido a UNOPS
El ingeniero de Geoservice informó que luego de que
Southern presentó al Minem el EIA de Tía María en noviembre de 2013, solicitó a
UNOPS la revisión del estudio, pero esta institución respondió que solo podía
hacerlo si el Minem se lo pedía debido a que brinda servicios al Estado, no a
empresas privadas. Rodríguez confirmó que, con el permiso de Southern, trasladó
esta inquietud a Edwin Regente de la Dirección General de Asuntos Ambientales
Mineros pero el ministerio “lo dejó ahí”. “Nosotros no podemos intervenir en
las decisiones del ministerio. No podemos obligarlo”, dijo el gerente
general de Geoservice, Miguel de la Torre Sobrevilla.
Convoca pudo
conocer que las altas autoridades del ministerio, incluido el viceministro de
Minas Guillermo Shinno, sabían del pedido de Geoservice, sin embargo el
viceministro lo negó en una respuesta enviada por correo electrónico a través
de su Oficina de Imagen Institucional. El entonces ministro Jorge Merino dijo
a Convoca que tampoco recordaba esta solicitud. Pero el 11 de
diciembre de 2013, precisamente en los días en que Geoservice mantenía conversaciones
con UNOPS, aparece en el registro de visita del Minem, una reunión de Shinno
con los funcionarios de esta institución. UNOPS evitó dar su versión.
Guillermo Shinno, viceministro de Minas. Foto:
Andina
Este caso tiene dividido al gabinete. Al igual que
el premier Pedro Cateriano, el viceministro Shinno ha descartado públicamente
la posibilidad de que UNOPS revise el EIA. Pero dentro del Consejo de Ministros
hay quienes piensan lo contrario como el titular de Agricultura, Juan Manuel
Benites. “Si encontramos algunos espacios que deban ser complementados estamos
dispuestos como gobierno a financiar los servicios de un tercero como UNOPS
para que la empresa tome esas actividades adicionales que podrían derivarse de
esos estudios”, dijo Benites en Arequipa.
El ex ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke,
consideró que esta institución debe corroborar si el nuevo EIA de Southern
realmente incluyó las 138 observaciones (o recomendaciones como precisa
Geoservice) que efectuó en 2011 ante la exigencia de una revisión
independiente.
Tía María está marcado por la desconfianza. Quienes
cuestionan el proyecto dudan de lo que se decide en las oficinas del ministerio
de Energía y Minas. Existen algunos antecedentes que explican estos temores.
El caso Geoservice
Seis meses después que el Ministerio de
Energía y Minas rechazara el primer EIA de Tía María, sucedió un hecho que se
mantuvo en reserva hasta ahora. El 13 de octubre de 2011, mediante el informe
Nº 1002-2011, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros declaró improcedente
el Estudio de Impacto Ambiental del depósito de relaves de la mina Cobriza de
Doe Run, en Huancavelica, y recomendó un “procedimiento sancionador”
contra la consultora que elaboró el estudio por presentar fotografías que no
correspondían a la situación real del campamento minero. Se trataba de
Geoservice Ingeniería S.A.C, la misma de Tía María.
Informe que recomienda evaluar el inicio de proceso sancionador contra Geoservice. Fuente: Informe Nº 1002-2011
Doe Run, conocida por sus graves infracciones ambientales en La Oroya, presentó el estudio cuando ya había iniciado las obras de construcción de dos depósitos de desechos mineros sin autorización tal como comprobaron en el campo técnicos de la Dirección General de Minería y pobladores de la zona. Para que Doe Run no sea descubierta en esta ilegalidad, en el EIA se incluyen fotografías del lugar de fechas anteriores a la construcción de los depósitos.
“Es presumible que el EIA fue elaborado
por la empresa consultora Geoservice Ingeniería SAC a sabiendas que el proyecto
minero se encontraba en ejecución. En la información presentada se habría
faltado a la verdad, lo cual constituye un supuesto de infracción sancionable”,
señala el informe. De acuerdo con la resolución mineral 580-98-EM,
que regula la inscripción de las consultoras ambientales en el Minem, una de
las causas para “la cancelación definitiva” del registro es “la presentación de
información falsa en los EIA”. Pero esto no sucedió con Geoservice.
El viceministro de Minas, Guillermo
Shinno, dijo a Convoca “que la empresa no ha sido sancionada (…)
y mantiene su registro habilitado, para que sea contratada por cualquier
empresa minera”. El gerente general de Geoservice, Miguel de la Torre, aseguró
que Doe Run inició la construcción dos meses después que sus técnicos
terminaran el trabajo de campo para el EIA, y que fueron liberados de cualquier
sanción en febrero de 2012 mediante la resolución directoral 064-2012. Sin
embargo, el vaivén de información que circuló entre Geoservice y Doe Run
durante los días de la construcción ilegal solo ha quedado registrado en los
correos electrónicos y documentos de ambas empresas privadas.
Los técnicos del gobierno que evaluaron
el controversial estudio de Southern también cuentan con antecedentes que
merecen conocerse. Dos de ellos dieron su visto bueno a otro EIA que puso en
jaque al gobierno de Humala: el de Conga. El ingeniero Walter Alfaro López
integró el equipo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros que
aprobó el estudio de Yanacocha en el Minem y Ricardo Baca Rueda fue uno de los
especialistas que aprobó en la Autoridad Nacional del Agua el cuestionado
manejo de las lagunas y ríos de Conga.
*Con la colaboración de Gabriela Flores y Carla
Díaz. Infografías: Wendy Vega.
Fecha de publicación: Viernes, 22 de mayo. 8 am.
Una versión resumida del reportaje fue publicada
por el diario La República en sus dos páginas principales de la sección
Política en la edición del 22 de mayo de 2015.
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